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Quien pase revista a la vida colectiva de Venezuela durante el siglo XIX, encontrará que la personalización de la acción política aunada a la reiterada emergencia de las identidades regionales fueron dos elementos cuya persistencia a lo largo de la centuria hace pertinente la tarea de revisar una vez más las causas rectoras de su razón de ser. La geografía no basta por si sola para dar cuenta de ambas constantes. El tipo de clima, los accidentes geográficos o la naturaleza abrupta del terreno no desembocó invariablemente, al margen de tiempo y lugar, en las tendencias centrífugas de los particularismos regionales ni en la configuración del personalismo político.
En el fondo, la cuestión planteada no es nada original: se trata del problema de la formación del Estado y la nación. Una vez roto el vínculo con España, se hereda un territorio sin integración real, cuya extensión supera con creces las posibilidades del nuevo poder republicano. El aparato institucional que en las Indias Occidentales había sido capaz de imponer un equilibrio social con mínimo uso de la fuerza, queda roto con la guerra de Independencia. El vacío que ocasiona la ruptura es ocupado por una multiplicidad de focos de poder: es la herencia del orden colonial que había dispuesto la creación de distintas jurisdicciones políticas administrativas, pero es también el efecto de la aplicación de normas y costumbres que desanimaron el comercio interior y la eventual creación de una base económica común.
Sabido es que el problema de la unidad nacional y el control del territorio quedan resueltos con el triunfo del caudillo y la imposición de un orden dictatorial. Venezuela, en este sentido, no es un caso excepcional en el conjunto de Iberoamérica. Más bien, el punto de relieve que la singulariza es la comparativamente tardía construcción de su Estado nacional. La idea general que se intenta sostener aquí es que el personalismo en el ejercicio del poder y la puja por la autonomía regional en el curso del siglo XIX, son elementos que reflejan la ausencia de un efectivo aparato de Estado, así como la carencia de un enraizado concepto de nación. Si la puja por la cuestión regional es el resultado del brevísimo gobierno integral de España sobre el conjunto de las provincias de Venezuela, el personalismo político es la respuesta que busca crear un orden no siempre estable en medio de condiciones sociales y económicas desfavorables y aún adversas.
Es de admitir que las diferencias regionales y el personalismo aparecen en la vida republicana como la ampliación de rasgos presentes en el orden colonial. Se entiende asimismo que tal herencia fue reforzada por los efectos de la guerra emancipadora. Sin embargo, el desarrollo del proceso histórico no corrió uniformemente. Una opinión de autoridad, en este caso la del historiador Tulio Halpering Donghi, anota que en México y la región de Los Andes, los ejércitos surgidos de la guerra de independencia fueron lo bastante poderosos para imponer al Estado y a la sociedad el costo de mantenerlos. En el resto de Hispanoamérica, el proceso discurre por otros cauces. Así Venezuela, el Río de la Plata, Nueva Granada y Chile arriban al final de la lucha con gran parte de sus efectivos militares fuera del territorio nacional, circunstancia que hacía más favorable la empresa de liquidar el militarismo. Pero excepción hecha con Chile, la desmovilización no trajo consigo una disminución perdurable del caudillismo, señal indicativa de que los rasgos de ese fenómeno eran algo más que la consecuencia temporal de las movilizaciones suscitadas por las luchas de la emancipación.
Para el caso de Venezuela, la verdad es que la nueva vida republicana estuvo lejos de cerrarle el camino al dominio del hombre de armas. Su presencia contabiliza a través de sucesivos gobiernos de facto, la verdad que desde 1830 a 1945 no hubiera habido ocho años de gobierno civil continuo. Sin embargo, la conciencia histórica no ha juzgado de manera unívoca las constantes antes señaladas, diversidad que encuentra explicación no sólo en las limitaciones cognoscitivas de la inmediatez del objeto, sino en las necesidades políticas del presente o en las impugnaciones afincadas sobre una base moral.
De la cuestión regional.
Al mirar la historia bajo una perspectiva de largo plazo, un observador podría encontrar que durante 400 años Venezuela no fue un Estado nacional. Advirtamos que la nación adquiere sentido en relación con el Estado; es este último el que la encauza y le da un contenido habida cuenta que la nacionalidad lejos de ser inmanente, es una construcción histórica en hacer continuo. El caso es que el siglo XVI no hay un aporte a la edificación del orden nacional, déficit explicable pues el cometido central que mueve al europeo fue la búsqueda del reino de El Dorado. El siglo XVII es el tiempo de la organización gubernamental de la provincia. Se crean los cabildos como autoridad local, pero la falta de una Audiencia propia y única donde se trataran y resolvieran los asuntos de la provincia en modo alguno coadyuva a la creación de un sentido de lo nacional. Tampoco en el siglo XVIII hay unidad política entre los diferentes cabildos de la región, como tampoco coherencia ni identidad social entre la población. Y es casi en las postrimerías de ese siglo, cuando finalmente por decisión del rey Carlos III de Borbón en 1776, los diversos territorios que hoy forman Venezuela son unificados bajo la Capitanía General.Luce evidente la tardía estructuración de la unidad territorial de Venezuela. El caso es diferente a procesos similares vividos por otras repúblicas de Iberoamérica. Se ha observado que ninguna de las unidades continentales del imperio en las Indias Occidentales resultó afectada por la acción exterior de colonias enemigas de España, ni tomaron cuerpo en ellas de manera tan intensa los hechos políticos europeos. Más precisamente, la tardía conformación de la territorialidad es efecto de la alternante dependencia institucional de Audiencias diferentes, oscilación a la que se adiciona el control apenas nominal de tierras en su mayoría desconocidas o escasamente exploradas: ¿No habla por sí solo el hecho que San Fernando de Apure, ciudad capital del estado situada a las orillas del río del mismo nombre, es legalmente fundada casi tres siglos después de iniciada la empresa colonial, precisamente el 24 de enero de 1788?
En la cuarta centuria del recuento, en el año 1810 la invasión francesa a España estimula la revolución municipal. A poco más de tres décadas de haber sido creadas las primeras instituciones para el gobierno integral de las provincias, el cabildo de Caracas inicia la gesta de Independencia. Acompañan al movimiento las provincias de Margarita, Cumaná, Barcelona, Mérida, Trujillo y Barinas. No aceptan el pronunciamiento de los caraqueños las provincias de Maracaibo y Guayana, así como el partido capitular de Coro. Vista las cosas en perspectiva, las diferentes reacciones provinciales resultan comprensibles. España, eso sí, dejaba el legado de un par de elementos cuya persistencia destaca en medio de los sucesivos cambios ocurridos: el idioma español y la religión católica.
No es casual pues que la agrupación de las provincias rebeldes adoptara la forma de gobierno federal. Valga insistir en que la aparición del federalismo en la Venezuela de comienzos del siglo XIX, no es resultado de un afán por imitar sin más al constitucionalismo de los Estados Unidos. Antes bien, la disposición a favor del gobierno federal tenía un substrato histórico que hundía sus raíces en el gobierno colonial. Son varios los elementos de juicio que dan cuenta de esa tradición: la designación de los gobernadores de provincia se hacía directamente desde España, sin mediación del capitán general; este último no tenía inherencia en lo que aquellos estimaban sus prerrogativas económicas y administrativas. Asimismo, la posibilidad regia que tuvieron los cabildos de nombrar las vacantes, absolutas o temporales, de la máxima autoridad de la colonia, configuran un cuadro de autonomías derivadas de cierto municipalismo pre absolutista que arribó a América con los españoles en el siglo XVI.
Súmese al legado autonómico las considerables distancias entre España y sus dominios de ultramar; tómese en cuenta la incomunicación entre las provincias, sobre todo de aquellas que la continuidad territorial aislaba por ser las vías de comunicación principalmente acuáticas; nótese la constitución de intereses oligárquicos tanto locales como regionales, y en fin se comprenderá la vitalidad del federalismo de la Venezuela de principios de siglo XIX. Cierto que el grupo de notables que impulsa la Independencia opta por el modelo político más exitoso, pero es porque el federal estadounidense mejor se aviene a sus intereses.
A la Constitución de 1811, la primera carta fundamental de Venezuela y de Iberoamérica, cuya vigencia es de apenas seis meses, se le atribuye la extrema debilidad de haber causado la disolución del Estado. Es de recordar que Simón Bolívar en el Manifiesto de Cartagena expone las causas que llevan al desastre del primer intento republicano. El documento ha sido considerado la prueba más contundente del antifederalismo militante de Bolívar, quien pensaba que lo que más había debilitado al gobierno era su forma federativa. Cierto que esta no resultó ser el modo adecuado para enfrentar circunstancias excepcionales. Pero en honor a la verdad habría que sopesar otros elementos no menos influyentes: la preeminencia de una conciencia monárquica en grandes mayorías de la población; la liberación caótica de energía social que significó la ruptura del equilibrio del sistema de castas; la buscada y en verdad nunca lograda ayuda internacional para el gobierno republicano; en fin, la ausencia de un disciplinado cuerpo militar; todo ello se tradujo en el fracaso del primer experimento de gobierno.
Asistida por las victorias patriotas en los campos de batalla, la asamblea de notables reunida en Angostura sanciona la Constitución de 1819. La orientación general de esta ley es centralista y presidencialista, en consonancia con la prédica de Bolívar y las necesidades de la guerra que reclamaba un gobierno fuerte. La Constitución abroga el llamado mandato imperativo, por lo que en adelante los representantes lo son de la nación y no de sus provincias. De esa manera, los diputados dejaban de recibir órdenes de las asambleas de las regiones, las que sólo podrían manifestar peticiones a los congresistas, quienes a su vez tratarían de conciliarlos con el interés fundamental de la nación. En contraste con los amplios fueros establecidos en la carta de 1811, el articulado de la Constitución de 1819 disminuye notablemente las funciones de los órganos deliberantes provinciales.
Vista las disposiciones contenidas en la carta constitucional de 1819 ¿acaso no respondían ellas a la proclamada necesidad de concentrar la mayor suma de poder para que un gobernante fuerte asumiera con éxito la empresa de batir la anarquía y la desintegración? ¿Guarda alguna línea de continuidad la decisión de 1814, en la que Bolívar hace pasar por las armas a 800 españoles presos en La Guaira con su Discurso de Angostura, suerte de memorial de agravios contra la monarquía española en la que reclama para los descendientes de los conquistadores el ejercicio de la tiranía activa y doméstica? La verdad es que Bolívar y sus hombres pensaron en una república de tan marcado tono aristocrático, que en esencia se trataba de una monarquía sin corona, una expresión felizmente acertada del historiador José Gil Fortoul.
Los generales de la Independencia y los caudillos locales no aceptan ser gobernados desde Bogotá, hecho demostrativo de que el debate federación centralismo no obedece a razones estrictamente doctrinales; que la discusión antes bien está hondamente vinculada a las circunstancias del momento. La Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821 no tuvo respaldo en Venezuela: la municipalidad de Caracas la objeta y condiciona su juramentación. El argumento no podía ser más redondo: ¿Cómo era que Venezuela, con sus hombres, recursos y sacrificios se echa sobre sus hombros la empresa de independizar buena porción de la América septentrional, para quedar reducida en la carta de Cúcuta a Departamento de Colombia?
La prédica federal toma auge en una Venezuela que está resentida con los reinosos, término con el que se aludía al gobierno de Bogotá y a los habitantes de la Nueva Granada. Con sus informaciones, noticias y descripciones de las virtudes del federalismo, la prensa caraqueña reflejaba el descontento existente por lo que consideraban una forzada e inconsulta adscripción a Bogotá. En este contexto debe ubicarse el movimiento autonómico de La Cosiata del 30 de abril de 1826: el general José Antonio Páez, respaldado por la municipalidad de Valencia, entre muchas otras, decide desconocer las órdenes provenientes de la capital del gobierno de la Gran Colombia relativas a presentarse en Bogotá para ser sometido a un proceso judicial por abusos contra la población civil, en una operación de reclutamiento y de organización de milicias. Las actuaciones de Páez como jefe militar había suscitado unas relaciones tensas con el Intendente Juan de Escalona y la municipalidad de Caracas, celosos de sus competencias como poderes civiles frente al militar. Si el desempeño del prócer dificulta la armonía interna del Departamento de Venezuela, la decisión del gobierno de Bogotá hace que el partido nacionalista encuentre en Páez el caudillo necesario para hacer avanzar el movimiento separatista. Esa cadena de acontecimientos se hace irreversible.
La separación de Venezuela de la Gran Colombia es el triunfo político del seccionalismo geográfico, aunque quizás así pudo evitarse el peligro de la dispersión total. El caso es que Bolívar no pudo, ni a través de las gestiones conciliatorias ni mediante el recurso extremo de la dictadura, mantener una unidad tan escasamente coherente. Sus elementos constitutivos eran muy distintos, justo por estar tan escasamente vinculados entre sí. La población dispersa y escasa, en un territorio vasto y diverso carente de vías de comunicación, no era un llamado objetivamente favorable a la integración de un mercado interno. Las posibilidades de ejercicio efectivo de gobierno también eran considerablemente limitadas: ¿tiene sentido preguntar por qué el gobierno de Bogotá no logra someter finalmente al insumiso general José Antonio Páez? ¿No era esa falta de control prueba evidente de que sus recursos de autoridad eran patéticamente escasos?
Aun cuando pueda observarse un tono exculpatorio en el fondo del escrito, la Autobiografía de José Antonio Páez indica que la separación ni fue obra de un solo hombre, ni resultado de la acción de un pequeño partido. Sus páginas recogen profusamente las actas de las poblaciones de Venezuela pidiendo la separación del gobierno de Bogotá. La vida de Bolívar inspira porque es un hombre con tragedia. Desde los más variados rincones de la geografía se verifican manifestaciones contra el prócer caraqueño, reacción colectiva que posteriormente ha sido vista como una suerte de parricidio. La municipalidad de Puerto Cabello lo llama en su pronunciamiento ¨el presente Saturno de Colombia¨ Y tras expresar su respaldo al general Páez, solicita el desconocimiento de la autoridad de Bolívar ¨y que su nombre se condene al olvido¨. Los habitantes de la ciudad de Valencia solicitan al ¨jefe superior benemérito José Antonio Páez¨ la separación de Bogotá y que ¨no permita de ningún modo que vuelva el general Bolívar al territorio de Venezuela¨. Barcelona y Cumaná hacen manifestaciones en el mismo sentido. Otro tanto ocurre en la capital de la provincia de Guayana: en asamblea pública acuerdan que ¨el vastísimo territorio de Colombia jamás podrá ser bien dirigido y gobernado por un gobierno central, que como dice el mismo Libertador, tiene que andar a grandes saltos dejando vacíos inmensos por detrás¨. Irónicamente, las palabras de Bolívar servían para dar fuerza al propósito separatista.
En rigor, los pronunciamientos muestran que la Independencia había creado una circunstancia en que la intensidad de su fuerza histórica tendía a imponerse. La llamada situación de las cosas, esa en la que los resultados de la guerra, fractura social, fragilidad institucional e inestabilidad política, todo en conjunción provocaba la irrupción del poder personalista, único capaz en tal situación de encauzar el desorden y restituir la senda perdida de la vida política. Significativamente, Páez es acompañado en la ruptura por los guerreros de la emancipación y figuras notables del mundo civil. El nuevo hombre fuerte (Bolívar también lo había sido), hace una confesión digna de ser recogida: ¨En cuanto a la exigencia que entonces y después se manifestó, de que Bolívar saliese del territorio colombiano, o que no penetrase en Venezuela, por duro que sea decirlo, es menester confesar que era el mejor medio de evitar una guerra civil¨. La separación quizás evitó males aún mayores.
Sin embargo, ni la Independencia ni la disolución grancolombiana consolida el Estado nacional. Las entidades regionales continuaron siendo autónomas y Venezuela se desarrolló como un país rural fragmentado, con fuertes identidades regionales. La guerra federal (1859-1963) confirma sangrientamente que el país no ha logrado identificarse con sus instituciones y leyes, ni las corrientes de la integración han tenido fuerza para lograr prevalecer y consolidarse. El curso de acción de la guerra revela que la tradición autonómica tiene un peso considerable. Al comenzar la revolución en Coro, Ezequiel Zamora (el primer dirigente y estratega militar del movimiento), nombra un equipo de gobierno cuya jurisdicción comprende las provincias de Portuguesa, Barinas y Cojedes. De conformidad con la tradición federal, la nueva entidad se constituye como estado políticamente independiente y se asume como una de las unidades políticas de Venezuela. Defiende su independencia administrativa y asume el poder ejecutivo mientras las elecciones designan a los poderes públicos. Sus atribuciones son relaciones exteriores, ejército y armada, crédito público, aduanas, pesos y moneda, entre otros.
La revolución federal provoca la emergencia de un nuevo liderazgo político en el país. Es cierto que ella acabó con los generales de la Independencia, pero no trajo la paz ni suscitó la creación del Estado nacional. La Constitución federal de 1864, a medida que concede mayor participación política a la población y a los estados, zanja muchos problemas que inciden perniciosamente en la consolidación de las instituciones. El artículo 13 de la carta establece el equilibrio entre los estados por medio del situado constitucional, pues ¨se reserva de las rentas nacionales a los estados que no tienen minas es explotación, la suma anual de veinte mil pesos¨. Con todo, la Constitución misma traía en su contenido un elemento disociador, esto era la facultad de los estados para reunirse (dos o más) y formar uno solo o separarse cuando lo consideraran pertinente. Los legisladores obviaron que los nuevos caudillos se rehusarían a perder sus poderes territoriales, lo que fue causa de no pocos conflictos, al tiempo que abrogó en la práctica la ley constitucional. Es de anotar sin embargo, que los 20 mil pesos por situado constitucional ayudaron a calmar las ambiciones de los caudillos.
La creación del Estado liberal aún no cuaja. Y no podía ser de otra manera si la misma Constitución llega a prohibir al gobierno nacional situar fuerzas militares en los estados y nombrar sus jefes, sin el permiso de las autoridades locales. La verdad es que el Estado seguía siendo una ficción jurídica de las elites. Estaba pendiente un gran esfuerzo capaz de conciliar intereses distintos, un trato que sobre todo venciera las diferencias geográficas y psicológicas. Y es que aún predominaba con fuerza, históricamente legítimo, el sentimiento regionalista, el mismo que explica por qué el general Santiago Mariño desde 1812 a 1817 se sienta el igual del general Simón Bolívar; ese que da cuenta por qué en 1810 Guayana, Coro y Maracaibo no se incorporan a la causa republicana, latencia que se actualiza después de la guerra federal, cuando el Zulia y Guayana (convertidos ambos en importantes polos económicos) retan abiertamente la autoridad de Caracas en más de una ocasión.
Fue atinada la aseveración del historiador Manuel Pérez Vila (a decir verdad, la suscribimos), cuando en lección magistral expresó que si el nacionalismo precedió en Venezuela a la nación (no al pueblo que sí existía), el siglo XIX puede ser visto como una larga marcha hacia la construcción de una nación. La terca realidad, sobre todo de una caracterizada por las diferencias de mentalidades, por la diversidad de intereses regionales y escasez de vías de comunicación interna, terminó por prevalecer. De suerte no hubo nación ni en 1830, tampoco en 1864, ni siquiera en 1898. Pero al año siguiente comienza a ocurrir un giro fundamental en la vida política de Venezuela: Cipriano Castro, un político originario del andino y fronterizo estado Táchira, se rebela contra la Constitución de 1893 porque establecía que los presidentes de los estados los elegiría provisionalmente el Presidente de la República. Encabeza la llamada revolución liberal restauradora, que se hizo para defender los principios de la federación, para dar lugar paradójicamente a la creación de un Estado fuertemente centralizado.
La otra gran constante del siglo XIX venezolano: el personalismo político
Al igual que en otros países de Iberoamérica, en la Venezuela decimonónica la mayoría de sus Presidentes asumen el principio del personalismo, de modo que sus actuaciones no se afincan en las leyes sino en la voluntad del mismo gobernante. El proceso histórico venezolano muestra que indistintamente puede ser un militar o bien un político civil. El punto es que el personalismo también hunde sus raíces en la vida colonial, se manifiesta durante la guerra de Independencia y se desenvuelve después de 1830 a través de una tupida red de relaciones de compadrazgo, amistad y clientelas.Los primeros intentos por captar el fenómeno del personalismo político estuvieron signados por la imprecisión. Y difícilmente podía ser de otra manera: durante la primera porción del siglo XIX aquel no era un objeto claramente definido en su especificidad. De modo que se le comprendió como una situación histórica marcada por ¨el espíritu de insubordinación, la insuficiencia de las leyes y la debilidad de los magistrados¨. Hubo, es cierto, interés por entender las revoluciones y la consecuente inestabilidad política que ellas suscitaban. Hubo también la inclinación a encontrar en iniciativas personales las causas de aquellas, y se pensó que las segundas obedecían al rezago histórico, a la variedad étnica o la heterogeneidad cultural. El caso es que la debilidad teórica presente en las tentativas de explicación guardaba nexos con las varias situaciones de dificultad, sorpresa y frustración dominantes en la época, pero sobre todo (como advierte la profesora Graciela Soriano de García Pelayo) porque la inmediatez de los problemas era más apremiante que la posibilidad de reflexionar sobre sus efectos. Es de convenir que lo que urgía era alguien que los solucionara.
Bien como Presidente u hombre fuerte, la presencia del general José Antonio Páez domina la escena política entre 1830 y 1848. Todavía en el presente su nombre suscita controversias. Algunos le acusan de cometer traición al Libertador, de haberse entregado por entero a la oligarquía y de fundar la república de Venezuela, luego de las fallidas tentativas de Francisco de Miranda y Simón Bolívar. La verdad es que con Páez hubo un proyecto de país. La más reciente crítica histórica entiende que fue un período de la historia republicana en que las cosas estuvieron bien encaminadas. Páez colocó los asuntos del gobierno en manos de venezolanos que habían estudiado sobre los medios necesarios para estructurar un Estado, uno que por cierto debía emerger de las ruinas de la guerra. Hubo pues un propósito modernizador, razón por la cual se quiso liberar la economía del absolutismo estatal que le había impuesto el régimen español, empeño que se extendió a liberar al Estado de los fueros militares y religiosos que lo mantenían cautivo.
Externamente, el balance también es beneficioso. Las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos por ejemplo, fueron las más tranquilas del hemisferio durante el tiempo en que Páez permaneció en control del gobierno. Entre 1830 y 1848 los vínculos entre ambos gobiernos fueron las más armoniosas, hasta que ellas nuevamente tuvieron igual carácter bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez. La historiadora norteamericana Judith Ewell señala cual fue el principal rédito obtenido: la confianza en Páez relevó al gobierno de Estados Unidos de cualquier tentación o necesidad de intervenir en Venezuela. Al combinar autoridad política y poder militar, Páez mantuvo bajo control a los elementos de la aristocracia criolla (incluso a la realista), a los partidarios de Bolívar y a las supuestas ingobernables y volátiles masas de colores ¿No era esa una manera de transmitir confianza hacia fuera?
Sin embargo, las impresiones de los representantes diplomáticos en Caracas estuvieron algunas veces cargadas de estereotipos. Es el caso del Encargado de Negocios de los Estados Unidos John G. A. Williamson. En su diario critica los excesos de los venezolanos. Desde su punto de vista, ellos eran sexualmente promiscuos (y en consecuencia no tan blancos como podrían ser), supersticiosos, derrochadores, pródigos, ambiciosos, ignorantes, llenos de prejuicios, avaros y deshonestos, rasgos personales que pueden encontrarse en cualquier rincón del planeta, aunque para el diplomático estas indeseables características estaban presentes a través de todos los estratos sociales del país. Al entrar en crisis el gobierno de Páez, el Encargado de Negocios comparte la visión oficial de que los dirigentes del Partido Liberal, inescrupulosos y endeudados, negros inciviles y las maquinaciones británicas, habían estimulado el desorden. Páez adopta medidas no democráticas que algunas veces los agentes americanos habían urgido. Tras ser aprobadas leyes contra la sedición y la conspiración, el gobierno arresta a Antonio Leocadio Guzmán, el adalid de la oposición. El nuevo Encargado de Negocios Benjamín Shields aplaude la sentencia de muerte por delitos políticos dictada contra Guzmán. En fin, este último al igual que Williamson, comparten con la élite paecista su desconfianza respecto de la población de colores y de la oposición política liberal.
Tampoco sir Robert Ker Porter, representante diplomático de la Gran Bretaña en Venezuela, escapó a los prejuicios de su tiempo. En un prolijo diario de 987 páginas que cubre su estada en Caracas entre 1825 y 1842, el Cónsul deja asentada expresiones algunas veces fatalistas, tal vez explicables por su crítica a la reacción antibolivariana y su actitud favorable hacia el Libertador. Pero al margen del contenido sin duda racista de sus aseveraciones, el diplomático británico fue un testigo de excepción en virtud a sus estrechos vínculos con los altos círculos políticos y sociales de Caracas. Sus vivencias en la capital (un precio que tiene que pagar y un sacrificio que debe hacer, así lo admite) sirven de medio para acercarnos a la vida social de la época. Al ir al teatro de la ciudad, al que califica peor que un establo inglés, escribe: ¨Todos los hombres fumando, y tal la indiscriminación republicana que hasta había soldados en los palcos en compañía de mujeres supuestamente de primera clase o distinción en esta ciudad¨. Sus reflexiones insisten en que en estados incivilizados debe haber cierto grado de educación moral dentro de la masa, antes de que se le entregue la libertad o la independencia.
No son de menor relieve los comentarios del ministro diplomático respecto al general Páez. Encuentra en el prócer llanero talento, moralidad pública y capacidad de superación, aunque de vez en cuando lo decepciona por su falta de severidad. El inglés no pierde su sentido crítico cuando desaprueba las medidas de indulto político. Lamenta la facilidad con que los nativos establecen pactos con los rebeldes, y juzga que la gente usa más las palabras que la espada. La clave está en que el Diario comunica una noción de los muy pocos recursos que tenían los gobiernos de la época, de los no menos escasos instrumentos personales de Páez, así como del talante político de la población. Una sociedad como la venezolana de entonces, carente de una sólida estructura social y en medio de indiscutibles limitaciones políticas, tal como se reflejaba en las observaciones del ministro inglés, no sorprende que hubiese encontrado la solución a sus urgencias en José Antonio Páez.
Si desde 1830 la acción de gobierno deliberativo (así lo denominó el historiador Augusto Mijares) mantuvo un alto nivel de honestidad administrativa, el orden de cosas sufre un giro radical a partir de 1848 con el régimen de los hermanos Monagas. El desorden fiscal y económico fue el terreno abonado para que floreciera el agio y el peculado. Militar enriquecido en las guerras de la Independencia, José Tadeo Monagas no fue hombre proclive a compartir el poder ni siquiera con quienes le habían brindado respaldo. Páez le da apoyo bajo el cálculo político de enfrentarlo al Partido Liberal; pero Monagas se vale de los partidos para gobernar como un dictador. Funcionarios ineptos que llegaron del Oriente del país y que obedecían ciegamente al nuevo jefe, son colocados en altas posiciones. Los periódicos opositores fueron cancelados, mientras que el Congreso daba muestras de sumisión al poder ejecutivo. A lo largo de los años que entonces suma la joven república, el gobierno de Monagas se constituye como el ejercicio más definido del personalismo político, en combinación cerrada con la muleta del particularismo regional. El punto es que lejos de asegurar el orden, la acción de gobierno de los Monagas preludia el caos de la guerra federal.
Valdría la penar preguntar ¿por qué uno y otro caso de ejercicio personal del gobierno, aquí citados, difieren en forma tan acusada? Es verdad que las reformas y leyes del gobierno deliberativo descansaron básicamente en la autoridad personal de Páez, cuya figura es la columna vertebral del ensayo. Luego, tal pareciera que la diferencia entre uno y otro desempeño estuvo en la existencia o no de un proyecto de país. Es posible además que en los hermanos Monagas primara una concepción patrimonial del poder, esa que no les hizo distinguir entre el ámbito de la administración pública y aquello que pertenecía a la esfera de lo privado. Sea como fuere, este tipo de interrogante pone de manifiesto la necesidad de un repertorio de modelos, categorías y conceptos para la aprehensión del fenómeno, necesidad teórica que en su momento pareció satisfacer la aproximación positivista y sus patrones intelectuales.
Pero la cuestión esencial a dilucidar la estableció el mismo proceso histórico. Y es que si bien se había podido derribar el viejo orden colonial, lucía harto difícil la instauración del nuevo orden republicano. Las opciones planteadas, esto era anarquía y tiranía, parecían impedirlo; de suerte que el poder personal siempre acudía a solicitud de las circunstancias. Apoyadas en la relevancia consignada a los factores de la herencia y el medio, las tesis del positivismo refirieron el fenómeno del personalismo a la herencia española, al hecho telúrico, así como al ámbito de la psicopatología, cuyas manifestaciones fueron vistas como producto de la necesidad histórica. El caso es que si bien el positivismo proporcionó un instrumental adecuado para esclarecer el sentido del personalismo, también suministró la excusa histórica que garantizaba el éxito de esos regímenes, estimulando la prolongación de las tiranías bajo la invocación del orden garante del progreso.
Pero volvamos al acontecer de la historia. La actuación del general y doctor Antonio Guzmán Blanco (1870-1887) es el intento más vigoroso de crear un Estado nacional en el siglo XIX. Es la segunda ocasión en la historia republicana en que las cosas marcharon por buen camino. Al concluir su tercera y última gestión de gobierno, Venezuela puede exhibir obras públicas, códigos modernos, símbolos y sentimientos nacionales y una administración que en medio de las dificultades es capaz de llegar a toda la geografía nacional. La suya es una dominación que marca la vida del país por casi tres décadas. Mediante acciones bélicas exitosas derrota la oposición armada de los caudillos, con lo cual anuncia su disposición de hacer respetar el poder central Pero sobre todo, gracias al entendimiento con los jefes lugareños, despliega una significativa labor de modernización del país, propósito que requería satisfacer las condiciones para el establecimiento de un Estado y el impulso del desarrollo económico.
Con todo, la obra de Guzmán Blanco no logra sostenerse en el tiempo. Habría que preguntar si el proyecto de construcción del Estado nacional se trunca debido a la posterior emergencia de una sucesión de caudillos menores, o antes bien primó la naturaleza esencialmente personalista del ensayo, verdad que impedía la permanencia del esfuerzo realizado más allá del momento en que el gobernante hacía dejación del poder.
Un observador que mire hacia las postrimerías del siglo XIX, con vistas a satisfacer la humana necesidad de ordenar y darle sentido a los múltiples y variados datos de la realidad venezolana, podría inquirir legítimamente y decir: pero en medio de las vicisitudes de la historia nacional ¿hubo en rigor un orden político que pese a las dificultades habidas, aseguró un rumbo a la vida colectiva? La imagen de la pirámide caudillista, al intentar recoger las características del régimen político que emerge de la guerra federal, afirma la existencia de un orden. La constitución de ese régimen, plantado en una alianza nacional entre los terratenientes locales victoriosos, respondía a la existencia de un par de grandes déficit: la ausencia de un ejército nacional y la inconsistencia administrativa y financiera del gobierno central. Ese el orden político, que en opinión del historiador Ramón J. Velásquez en esencia se mantiene entre 1863 y 1899, es el llamado liberalismo amarillo.
La propuesta de la pirámide caudillista es acertada, aunque debe tomarse con cierta cautela para el caso de Venezuela. Es de convenir que la vida política del siglo XIX en Iberoamérica fue compartida por redes competidoras de amigos y seguidores, las que han sido llamadas estructuras de patronazgo. Esas redes fueron pirámides sociales compuestas por varias gradas de relaciones más o menos verticales de patrones y clientes. Sin embargo, dado el alto contenido de violencia que en sus más variadas formas están impresas en el acontecer de la historia nacional, es inevitable preguntar ¿hasta qué punto la pirámide caudillista es un diseño arquitectónico que se afinca en una racionalización post factum, una construcción intelectual que asigna una lógica a posteriori, quizás demasiado perfecta para reflejar el vivere político del siglo XIX? Al mirar las cuentas, los números producen horror. En la centuria apenas hubo 16 años de paz, entre 1837 y 1846 y luego entre 1885 y 1892. El promedio también es de espanto: 12 acciones de guerra por año; una cada mes. En suma ¿no luce pertinente la duda?
Es comprensible que Venezuela se haya unificado tardíamente. No había unidad política cuando llega el conquistador español; en medio de tribus aisladas con diferentes desarrollos culturales, no hubo una gran ciudad que funcionara como un gran foco de poder. La primera unidad política ocurre tres décadas antes de la Independencia, cuando el Rey Carlos III dispone el establecimiento de la capitanía general. Ni la guerra de emancipación ni la guerra federal crean el Estado Nacional. Y es que las fuerzas de la disgregación regional están presentes a todo lo largo del siglo XIX venezolano.
La creación del Estado nacional en Venezuela no transitó el camino de la negociación y el acuerdo; no hubo el compromiso de forma tal que voluntariamente los estados federales cedieron parte de su soberanía para crear una unidad superior. El problema se resolvió mediante la centralización forzosa. De manera que la unidad nacional es encauzada por la centralización política, a partir de la fundación del Estado. Su constitución fue obra de un despotismo que mantuvo la unidad nacional no frente a un enemigo extranjero, sino en calidad de instrumento para combatir las tendencias centrífugas de los particularismos regionales.
Visto el curso de los acontecimientos, la conciencia histórica hizo una asunción impugnadora del personalismo político, actitud que terminó en el enjuiciamiento moral del fenómeno y no en el propósito desapasionado de su aprehensión. La actitud recusatoria fue alimentada por el rechazo al positivismo, sujeto como había estado a las necesidades del poder y la coincidencia cronológica con el ascenso de los partidos policlasistas en el siglo XX. Sin embargo, queda por dilucidar si el personalismo no sólo ha sido la respuesta a condiciones de debilidad institucional. Queda pendiente la tarea que se oriente a determinar si las causas del personalismo político deben buscarse en el terreno de la antropología, en las emociones y en los atavismos, en las esperanzas míticas de orden providencial.
Alfredo Angulo Rivas
Doctor en Historia. Magister en Ciencias Políticas. Profesor de la Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.
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