Cuando en 1933 salieron de Nicaragua las tropas de ocupación norteamericanas, dejaron como herencia sustantiva un cuerpo militar garante del...
Cuando en 1933 salieron de Nicaragua las tropas de ocupación norteamericanas, dejaron como herencia sustantiva un cuerpo militar garante del orden interno, base de sustentación de un nuevo poder: La Guardia Nacional.
En 1937, Anastasio Somoza García, comandante de la Guardia Nacional, dio un golpe de Estado y se hizo con el poder; desde donde se impuso con represión y con sucesivas modificaciones constitucionales para que todo fuera "legal". Al morir, en 1956, a consecuencia de los disparos que le hizo el poeta Rigoberto López Pérez, había consolidado una de las dictaduras más oprobiosas del continente. A Somoza García lo sucedieron en la conducción del país sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle. Este último estuvo en el poder de 1967 a 1979, año en el cual fue derrocado por la Revolución Popular Sandinista.
El somocismo construyó una fachada "democrática" que permitió a los Somoza presentarse formalmente como presidentes de un gobierno civil, ejercido en representación de un partido político que había ganado las elecciones. Así mismo, el somocismo, a través de periódicos pactos, dirimió las diferencias grupales de la clase dominante (Liberales y Conservadores) manteniendo las apariencias del orden institucional. En ese orden destacan el Pacto de Espino Negro en 1927 y los acuerdos de 1948, 1950 y 1971. Sin embargo, durante la época de Somoza, el fraude fue el rasgo sobresaliente de todos los procesos electorales.
El 19 de julio de 1979, una insurrección popular dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó a Somoza y formó un gobierno de reconstrucción nacional que tuvo como reto enfrentar la difícil tarea de consolidar al país y construir un nuevo y más justo sistema económico, social y administrativo. Este gobierno de reconstrucción y unidad nacional estuvo integrado por representantes de distintos sectores políticos, económicos y sociales, entre los cuales el FSLN ejercía un claro rol hegemónico por ser, entre otras cosas, la única fuerza armada del país después de la disolución de los restos de la Guardia Nacional.
Desde abril de 1980, cuando salieron de la Junta de Gobierno las figuras no comprometidas con el sandinismo, al FSLN le correspondió velar por la aplicación del Programa de Gobierno que le había servido de bandera durante el último año de lucha contra la dictadura. En este sentido el FSLN se propuso efectuar una transición que condujera a Nicaragua hacia el socialismo.
El bloque de poder, además de los sectores representados por el sandinismo, estuvo integrado por sectores medios y de la empresa privada capitalista, desvinculados del somocismo y de la contrarrevolución que propició EE.UU. Sin embargo, la característica fundamental del bloque alternativo dominante fue su naturaleza popular.
En el plano político los sandinistas se propusieron, hasta 1984, desarrollar un modelo que estuviera sustentado en la participación popular canalizada a través de las Organizaciones de Masas (OM). La democracia formal o electoral, no fue prioritaria dentro del proyecto sandinista. Ella sobrevino en gran parte, a consecuencia de la necesidad de legitimar una revolución atacada política, militar y económicamente desde el exterior.
Los sandinistas pensaban que era necesario consolidar la revolución para después llamar a elecciones y a partir de 1984, cuando recrudeció la acción militar contrarrevolucionaria, rectificaron su modelo político-económico y se dispusieron a dialogar con Estados Unidos. Así que la negociación política buscó cerrarle espacios a la guerra.
Esta actitud coincidió con la necesidad de orientar los esfuerzos diplomáticos latinoamericanos a la búsqueda de una salida negociada para los problemas centroamericanos. Contadora, el Grupo de Apoyo y Esquipulas fueron el resultado de tal necesidad.
Las elecciones de 1984, la promulgación de la Constitución Política de la República en 1986, la aprobación de una Ley Electoral en 1988, el Acuerdo Político entre el Gobierno y todos los Partidos de Oposición en Agosto de 1989 y los compromisos que de allí se derivaron (reformar la Ley Electoral y la de Medios y llamar a Observadores Internacionales para que vigilaran el proceso electoral); fueron esfuerzos que pusieron de manifiesto que "las elecciones no crean la democracia, más bien la democracia crea la capacidad de elecciones democráticas".
Cinco años después de haber llegado al poder, el FSLN convocó un proceso electoral que marcó el inicio de una democracia partidista. Este proceso sirvió para que los nicaragüenses se expresaran libremente por primera vez en muchos años y para que el gobierno sandinista, seguro de triunfar, midiera su base de apoyo y se legitimara nacional e internacionalmente. No obstante, su realización implicaba crear, en medio de la agresión externa, un marco legal que además de institucionalizar el sistema pluralista de partidos, regulara derechos y obligaciones.
En las elecciones de 1984 se debía elegir no sólo al Presidente y Vicepresidente de la República, sino también a los representantes de la primera Asamblea Nacional, en cuyas manos estaría la responsabilidad de elaborar, discutir y sancionar la Constitución de la República.
En estas elecciones participaron, además del FSLN, seis agrupaciones políticas cuyo espectro ideológico variaba desde la ultraizquierda hasta la centro derecha, pasando por sectores socialistas moderados. Estas agrupaciones políticas fueron: El Movimiento de Acción Popular Marxista Leninista (MAPML), Partido Comunista de Nicaragua (PC), Partido Socialista Nicaragüense (PSN), Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Conservador Demócrata (PCD) y el Partido Popular Social Cristiano (PPSC).
Para la fecha se conformó también un bloque opositor al sandinismo agrupado en la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN). En tal alianza hicieron vida, no sólo partidos políticos como el Social Demócrata (PSD), Liberal Constitucionalista (PLC), Conservador de Nicaragua (PCN) y Social Cristiano (PSC); sino también agrupaciones sindicales y patronales tales como la Central de Trabajadores Nicaragüenses (CTN), la Confederación de Unificación Sindical (CUS) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
Arturo Cruz y Adán Fletes Valle constituyeron la fórmula que estas organizaciones presentaron para la Presidencia y vicepresidencia de la República. Sin embargo, aún después de creadas las condiciones institucionales básicas para la celebración de elecciones y promulgada una Ley Electoral, concebida bajo asesoramiento sueco, que otorgaba facilidades para la creación de partidos y para el acceso de estos a los medios de comunicación; el bloque opositor, dejando ex profeso que el período de inscripciones se cerrara, no regularizó a tiempo su situación ante los organismos electorales competentes, quedando excluido del juego.
Ante tal situación, voceros de la CDN señalaron que la Junta de Gobierno no había fijado fecha para el Diálogo Nacional en el que se debían garantizar las condiciones para que se diera un proceso limpio, por lo cual su participación no bendeciría un proceso electoral hecho a la medida del FSLN.
Pese a todos los inconvenientes, finalmente las elecciones se llevaron a cabo y el grupo de observadores internacionales que acudió a las mismas no encontró motivos para impugnarlas debido a fraude. Estas elecciones demostraron que el FSLN no estaba dispuesto a arriesgar demasiado y que abriendo espacios a la participación de otros partidos no ponía en peligro su hegemonía. Además, este proceso evidenció la debilidad y falta de arraigo popular de los partidos políticos tradicionales así como su escasa capacidad de movilización.
A partir de este momento quedó consagrado un sistema de democracia electoral multipartidaria, con hegemonía del FSLN, con formas de democracia participativa directa, y con un presidencialismo fuerte cuyo titular resultó escogido por medio del voto ciudadano.
A partir de 1987, cuando la resistencia armada contrarrevolucionaria no constituyó amenaza alguna, el gobierno sandinista inició un interesante proceso orientado a legitimar el sistema político nicaragüense, como marco propicio para la solución de las diferencias entre los distintos sectores enfrentados. Se trataba de trasladar las diferencias del plano militar al político-electoral. En este sentido, el sandinismo propició en el seno de la Asamblea Nacional una discusión que permitió promulgar una nueva ley electoral que estableció las reglas del juego para las próximas elecciones previstas.
En octubre de 1988 fue promulgada la nueva Ley Electoral. De rango constitucional e innegable acento pluralista, tuvo como propósito regular los procesos electorales para Presidente y Vicepresidente de la República, representantes ante la Asamblea Nacional, diputados ante el Parlamento Centroamericano, miembros de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de los Concejos Municipales. También, la Ley Electoral regulaba la convocatoria de plebiscitos, referendos y la afiliación partidista. Casi un año después, las circunstancias políticas permitieron reformar esta ley en procura de mayores seguridades para los partidos políticos de oposición en vista del inminente clima democrático que embargaba la región, como producto de las iniciativas de Esquipulas.
A pesar de las múltiples consultas a las que se sometió el Proyecto de Ley Electoral y las acaloradas discusiones que generó en el seno de la Asamblea Nacional, donde por demás las modificaciones propuestas por la oposición fueron tomadas en cuenta, el 19 de abril, 14 partidos, posteriormente coaligados en la Unión Nacional Opositora (UNO), manifestaron en una declaración pública su desaprobación a la ley finalmente aprobada. Posteriormente estos partidos, lograron que se modificara dicha ley gracias al "Acuerdo Político" entre el gobierno y los partidos de oposición.
El Presidente y Vicepresidente de la República y los representantes ante la Asamblea Nacional electos el 4 de noviembre de 1984, ejercerían sus funciones hasta enero de 1991, fecha en la cual expiraba su mandato ante la renovación de autoridades prevista en la Constitución para noviembre de 1990. Sin embargo, para febrero de 1989, en el marco de los Acuerdos de Costa del Sol, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, anunció su disposición de adelantar la convocatoria electoral, propiciar un gran diálogo nacional y reformar la legislación electoral y la de expresión del pensamiento, información y régimen de opinión pública, con el objeto de otorgar mayores garantías a la organización y acción de los partidos políticos en las elecciones convocadas para el 25 de febrero de 1990.
Durante los días 3 y 4 de agosto de 1989 se llevó a cabo un histórico encuentro entre el Presidente de la República de Nicaragua y los representantes de los veintiún partidos formalmente legalizados para la fecha, con la finalidad de llegar a acuerdos que normaran el desenvolvimiento del proceso electoral.
No obstante, las contradicciones ideológicas y los variadísimos intereses que cada sector político representaba hizo necesario entablar un "diálogo" a través del cual se lograra un mínimo de entendimiento que permitiera discutir aspectos reglamentarios de la ley electoral que aseguraran a los partidos las mayores garantías de pureza electoral.
Después de oídas 53 intervenciones, en un lapso de 23 horas consecutivas, prevaleció la tesis que defendía la participación electoral, la discusión de los reglamentos electorales y la desmovilización de la contra, esgrimida principalmente por el FSLN.
El acuerdo, que finalmente todos los partidos opositores no revolucionarios aceptaron, contempló, además, enmendar la Constitución para garantizar que los representantes a la Asamblea Nacional entraran en funciones el 24 de abril y el nuevo Presidente y Vicepresidente el 25 de abril de 1990.
Entre otras garantías para las elecciones estaba la suspensión del reclutamiento para el Servicio Militar Patriótico (SMP), mientras durara la campaña. Así mismo, fue ratificado el Consejo Supremo Electoral (CSE), como autoridad máxima del proceso, con atribuciones sobre inscripciones, votaciones, lugares de votación y acceso de los partidos a los medios de comunicación. A los partidos políticos se les reconoció la potestad de invitar a observadores internacionales para verificar el proceso. Se estableció también que los cinco miembros del CSE fueran supervisados por un cuerpo consultivo de siete miembros, entre los cuales se encontraba representada ampliamente la oposición.
Se estableció que la campaña electoral se hiciera sin restricciones en todo el país y que las manifestaciones se hicieran sin ningún permiso especial. Finalmente, se decidió que el acceso a los medios de comunicación se hiciera de forma equitativa.
Las elecciones de 1990 tuvieron una significación muy especial: Fueron un componente importantísimo para desarmar políticamente a las fuerzas contrarrevolucionarias. Estas elecciones significaron también una esperanza de paz. El pueblo nicaragüense estaba convencido que la fórmula era: elecciones igual a paz y paz igual a recuperación económica.
En estas elecciones aunque una decena de partidos aspiró a la Presidencia, la opinión se polarizó en torno a Daniel Ortega del FSLN y a Violeta Barrios de Chamorro de la Unión Nacional Opositora (UNO).
Cabe destacar, que el clima de la campaña electoral, aún antes de haberse iniciado oficialmente, estuvo constantemente enturbiado por el bajo nivel del debate y la cantidad de improperios que se arrojaron los contendientes, especialmente los del FSLN y la UNO. El entorno centroamericano no era menos tenso.
En febrero de 1990 no sólo estuvo en juego la elección del Presidente, ni la de los representantes a la Asamblea Nacional, ni el resto de los cargos de elección popular. Se confrontaron, en gran medida, dos proyectos políticos altamente antagónicos.
El FSLN diseñó su campaña, apelando a la fe de la gente en la revolución, acusando a la UNO de su vinculación con los rebeldes apoyados por los Estados Unidos y prometiendo que "ahora todo sería mejor". Daniel Ortega cambió el uniforme militar por pantalones vaqueros, camisas a cuadros y pañuelos rojinegros al cuello.
Lo que realmente preocupó a los sandinistas durante la campaña, aparte de la guerra contrarrevolucionaria, fue la grave situación económica del país. Muestra de ello fue el énfasis que en tal materia hicieron. Su plataforma de 20 puntos se centró casi exclusivamente en estrategias para la recuperación económica. La grave situación lo ameritaba. Nicaragua era el país más pobre de América Central.
Por su parte, la UNO, considerada como un "Frankenstein Político", sustentó su mensaje electoral en el reiterado ataque contra el FSLN. "Tuvieron 10 años y no pudieron. UNO si puede cambiar las cosas". Aparte de insistir en quitarle el miedo a los nicaragüenses para que militaran en la oposición, la UNO resaltó la necesidad de abolir el odiado Servicio Militar Obligatorio, que en una encuesta realizada por la empresa venezolana DOXA fue rechazado por el 69% de los entrevistados; recuperar la economía a través del libre juego del mercado, la ayuda externa, prometida junto con la eliminación del bloqueo económico por el Presidente Bush si la UNO ganaba las elecciones y el incentivo oportuno para la empresa privada.
A diferencia de la sandinista, la estrategia económica de la UNO contempló redimensionar el rol del Estado en la economía y en la sociedad, implantar un nuevo modelo agroexportador y privatizar los medios de producción. Esto implicaba a la larga, reformar el marco legal.
La UNO responsabilizó al gobierno sandinista por la grave crisis económica, la guerra y la represión. Eran los temas que los hacían vulnerables. La UNO ofrecía acabar con la guerra y el FSLN aparecía como responsable de ella.
Llegado el día de las elecciones, se esperó que concurrieran a las urnas más de 1.700.000 nicaragüenses mayores de 16 años, inscritos en el registro electoral. Los resultados del escrutinio, realmente inesperados, sorprendieron incluso a los observadores internacionales.
La UNO se impuso con el 54.7% de los votos al FSLN que obtuvo el 41%. En la Asamblea Nacional, de un total de 92 curules, la UNO completó 51 y el FSLN 39.
Pese a la claridad de los resultados, se sabía que la transición no sería nada fácil. Inmediatamente se iniciaron las gestiones para lograr un entendimiento entre el FSLN y los sectores más allegados a la presidenta electa, con el fin de acordar la transición del poder.
Desde este momento se fue perfilando un consenso básico que se concretó en la firma del Protocolo de Transición el 27 de marzo de 1990, un mes después de las elecciones. El Protocolo de Transición estableció el marco para la entrega de mando: aceptación del ordenamiento constitucional vigente, desmovilización de la Contra, subordinación de las Fuerzas Armadas al Presidente y reducción drástica del Ejército Popular Sandinista.
Una vez en el poder, Violeta de Chamorro inició un lento y progresivo desmantelamiento de los privilegios que los sandinistas aseguraron para sí en el lapso que medió antes de la entrega del poder y de los que acumularon durante los diez años que duró esta revolución.
El avance social no puede estar divorciado de la democracia política. La construcción de una sociedad más justa en la que todos sus miembros puedan realizar sus capacidades, debe fundamentarse en procedimientos democráticos. La búsqueda de la justicia social no encuentra mejor marco que el régimen en el cual impera la libertad de expresión, el sufragio universal, directo y secreto, las elecciones libres y el pluralismo partidista.
Después del gobierno de Violeta de Chamorro, que fue del 25 de abril de 1990 al 10 de enero de 1997, gobernaron los presidentes. Arnoldo Alemán Lacayo (10 de enero de 1997-10 de enero de 2002) y Enrique Bolaños Geyer (10 de enero de 2002-10 de enero de 2007) ambos del Partido Liberal Constitucionalista. En estos mandatos se buscó consolidar la democracia, el desarrollo de las fuerzas productivas, el capital y la pobreza. Sin embargo, la corrupción y una exigencia de mayor justicia social trajo de nuevo al poder a Daniel Ortega.
Daniel Ortega Saavedra (nacido un 11 de noviembre de 1945) es Presidente de la República de Nicaragua desde el 10 de enero de 2007. En la actualidad transcurre su tercer periodo, que culminará en 2022.
Ortega se postuló como candidato a Presidente de la República de Nicaragua por el FSLN para las elecciones generales del 5 de noviembre de 2006. Durante la campaña logró mejorar su aceptación popular al enarbolar un mensaje pacifista y solidario, con abundantes referencias a Dios, al amor, a la reconciliación y a la paz.
En estas elecciones Ortega obtuvo el 37,99% de los votos válidos gracias, en gran medida, tanto a su mensaje social como a la división del liberalismo en 2 facciones (Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y Alianza Liberal Nicaragüense, ALN) y a la desconfianza que generó el sector izquierdista representado por Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Las primeras acciones del gobierno recién electo se enfocaron en restablecer la gratuidad de los servicios de educación y salud. Se prohibió el cobro en las escuelas públicas de matrículas, mensualidades, material escolar y otros insumos, se eliminaron las consultas privadas en los centros públicos de salud y se restableció la gratuidad de los medicamentos, las operaciones quirúrgicas y las pruebas clínicas que se realicen en los centros sanitarios dependientes del Estado.
En 2011 Ortega se presenta nuevamente a las elecciones. Se celebraron el domingo 6 de noviembre y el FSLN, partido con el cual se presenta Daniel Ortega, obtuvo un nuevo triunfo. El FSLN alcanzó más del 62% de los votos emitidos mientras que el Partido Liberal Independiente, PLI, no llegó a completar el 31% seguidos a mucha distancia por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, que obtuvo algo más del 6%. Los demás partidos no llegaron al 1% de los votos.
Algunos organismos internacionales, como la OEA y la UE que estuvieron observando el proceso destacaron que encontraron, en algunas ocasiones, algún problema para el acceso a algunos colegios, sin embargo, hicieron énfasis en el ambiente de paz y tranquilidad en el cual se desarrolló esta elección. La toma de posesión se realizó el martes 10 de enero de 2012 en Managua.
En el año 2016 se realizaron nuevas elecciones, conforme al calendario oficial. Se trataba de elecciones presidenciales y parlamentarias, efectuadas el 6 de noviembre de 2016. Esta prueba también la ganó Ortega junto al FSLN y su esposa, Rosario Murillo, electa vicepresidenta de la república. Se impusieron con el 72,5% de los votos emitidos. En el Parlamento Nacional el FSLN obtuvo más de 65% de los votos para diputados nacionales y departamentales. El periodo de gobierno emanado de estas elecciones es desde el año 2017 hasta 2022.
La segunda propuesta más votada, la del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) integrada por Maximino Rodríguez y Martha McCoy, obtuvo un 15% de los votos seguido por la propuesta del Partido Liberal Independiente (PLI), integrada de José del Carmen Alvarado y Yadira Ríos, que llegaron al 4.5%. Saturnino Cerrato y Francisca Chow Taylor de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), obtuvo el 4,3% de los votos. El Partido Conservador (PC) con Erick Antonio Cabezas Granados y Virginia Montoya obtuvo un 2,3% de los votos. En el último lugar quedaron Carlos Canales y Nilo Salazar de la Alianza por la República (APRE), con un 1,4%.
Daniel Ortega tomó posesión del cargo el martes 10 de enero de 2017 en Managua pero al poco tiempo tuvo que enfrentar fuertes protestas antigubernamentales brutalmente reprimidas y criticadas en el exterior.
En efecto, las protestas surgidas desde abril de 2018 llevo al gobierno a censurar los medios de comunicación opositores, que divulgaban diversas informaciones sobre las mismas. También se impulsó una normativa de ley en la Asamblea Nacional de Nicaragua que fue aprobada como «ley anti-terrorismo» con el fin de prohibir las manifestaciones. Organismos como la OEA y la CIDH han condenado en reiteradas ocasiones al gobierno de Ortega, por represión «brutal» y acciones en contra de la libertad de expresión.
En noviembre de 2018, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una "orden ejecutiva" que declaró a Nicaragua como una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional" de los Estados Unidos. En diciembre, aprobó la "Ley de Condicionalidad de la Inversión Nicaragüense". Este "Nica Act" autoriza sanciones contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y tiene como objetivo limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales.
Diversos países, liderados por EE. UU., que apoyaban a los grupos opositores promotores de las protesta, establecieron una serie de sanciones económicas y de movilidad contra Nicaragua y dieron al gobierno de Ortega un plazo máximo hasta el 18 de junio de 2019 para llegar a un acuerdo de liberación de presos condenados o en proceso de enjuiciamiento por su participación en los diversos actos de protesta. El 11 de junio de 2019, tras una negociación se liberan 56 presos.
Las sanciones económicas establecidas por países como Estados Unidos, Canadá y organismos como la OEA se mantuvieron al no lograr que se produjera el adelanto de los comicios tal como exigen los opositores.
Durante los últimos años Ortega ha sido comparado con Somoza, también ha sido acusado de oportunismo ideológico y enriquecimiento personal, entre otras críticas provenientes de antiguas figuras destacadas de la Revolución Sandinista, algunas de ellas integradas al partido Movimiento Renovador Sandinista.
El próximo año, 2022, Nicaragua concurrirá de nuevo a las urnas electorales y en la lista de candidatos es posible que solo se encuentre habilitado Daniel Ortega. Sin duda, los desencuentros de la oposición, el control del aparato judicial y una innegable capacidad de conectar con la gente han sido muy útiles para mantenerse en el poder por tanto años, contándose electoralmente cada 5 años. Tendremos que esperar a ver si las sanciones internacionales modifican el rumbo o se mantiene la tendencia de los últimos años.
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